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La asamblea legislativa de Colorado aprobó este mes un proyecto de ley que exigiría a las empresas de medios sociales tomar medidas enérgicas contra actividades ilegales, como venta de drogas y armas, así como tráfico sexual y la explotación sexual de menores en sus plataformas, pero el gobernador Jared Polis ha indicado que es probable que lo vete por temor a que pudiera ir en perjuicio de la libertad de expresión, la innovación y la privacidad.
El proyecto de ley 86 del Senado, uno de los primeros de su clase en el país, denominado “Protecciones para los usuarios de los medios sociales”, fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado del estado con un fuerte apoyo bipartidista –y varios padres de familia de la localidad que perdieron a sus hijos a causa de sobredosis accidental de fentanilo se han unido a los defensores de todo el estado instando al gobernador a reconsiderar su decisión.
El 14 de abril, Chelsea Congdon, residente en Aspen, se dirigió a una multitud reunida afuera del Capitolio del estado en Denver.
“Buenos días, Colorado. Este es un lugar hermoso para vivir y crecer. Mi hijo Miles solo pudo hacerlo hasta los 19 años”, dijo. “Miles murió en noviembre de 2020”.
Dado que creció en el valle de Roaring Fork, Miles era un talentoso esquiador de gran montaña y un músico al que le encantaba tocar el piano y la guitarra.
“Miles era un joven alto, muy guapo y carismático”, dijo Congdon en una entrevista el 9 de abril. “Era muy gracioso y, por supuesto, no veía la hora de irse de casa y alejarse de sus padres”.
Tras graduarse de la Preparatoria de Aspen, Miles asistió a la Universidad de Colorado en Boulder. Durante su segundo año, sufrió una caída y se dislocó un hombro.
“Sus amigos lo llevaron al hospital, donde recibió atención y le volvieron a colocar el hombro en su lugar; lo dieron de alta, y le proporcionaron cuatro analgésicos”, dijo Congdon. “Cuando esas cuatro pastillas se acabaron, Miles se encargó de buscar más analgésicos”.
Compró, sin receta, lo que creía que era Percocet, pero estaba mezclado con fentanilo y murió de una sobredosis.
“La autopsia mostró que en el cuerpo de Miles había suficiente fentanilo para matar a tres personas al instante”, continuó Congdon.
Congdon, que pudo acceder a la computadora de Miles, encontró pruebas de que probablemente consiguió las pastillas con un traficante en Snapchat, pero las fuerzas del orden público de Boulder no pudieron resolver el caso.
En la rueda de prensa del 14 de abril, Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado de Boulder, apoyó el proyecto de ley 86 (SB 86) y afirmó que casos como el de Congdon no son infrecuentes.
“Vemos estos casos en todo el estado de Colorado y, actualmente en el condado de Boulder, tenemos casos de distribución de drogas que han derivado en fatalidades, en los que los menores conseguían drogas a través de Snapchat”, comentó Dougherty. “Acabamos de terminar un proceso judicial por trata de personas donde el acusado recibió una sentencia de 97 años en la prisión estatal. Todas y cada una de las víctimas en ese caso, fueron atraídas, coaccionadas y victimizadas a través de medios sociales”.
Tras perder a su hijo, Congdon se unió a la organización sin ánimo de lucro Blue Rising, con sede en Colorado, que ayudó a elaborar el SB 86 y otras leyes estatales para proteger a los jóvenes de las sobredosis de fentanilo.
En 2022, ayudaron a aprobar un proyecto de ley, firmado por Polis, en virtud del cual aumentaron las sanciones por traficar con fentanilo y se financian servicios de tratamiento de adicciones y de reducción de daños. Asimismo, obligaba al estado a estudiar la manera en que se utilizan Internet y las medios sociales para distribuir ilegalmente fentanilo y otros medicamentos controlados falsificados.
Aunque la información que rodea la actividad ilegal en los medios sociales es limitada porque las plataformas no siempre proporcionan un acceso transparente a los datos pertinentes, el informe de 182 páginas del Departamento Jurídico de Colorado concluyó que las medios sociales se utilizan como medio principal para transacciones de drogas.
También se descubrió que, aunque la mayoría de las plataformas ya tienen políticas que prohíben la venta ilegal de drogas y han hecho algunos esfuerzos por colaborar con las fuerzas del orden público para abordar el problema, las respuestas de las empresas a este tipo de actividad en sus plataformas han sido poco eficaces.
En respuesta a la solicitud de comentarios de Aspen Journalism y Aspen Public Radio, Snap Inc., que opera Snapchat, explicó a grandes rasgos sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra la actividad delictiva, eliminar a los traficantes de drogas en su plataforma y ayudar a difundir la conciencia sobre el fentanilo y las píldoras falsificadas.
“Snap condena el horrible comportamiento delictivo de los traficantes de drogas que condujeron a estas tragedias, y sentimos una profunda empatía por las familias que han sufrido pérdidas desgarradoras. Tenemos cero tolerancia para el abuso criminal en Snapchat”, dijo un portavoz de la empresa. “En 2024, eliminamos más de 2.4 millones de materiales de contenido relacionado con drogas, desactivamos las 516,000 cuentas relacionadas y bloqueamos los dispositivos asociados con esas cuentas para que no pudieran usar Snapchat”.
La empresa también subrayó su compromiso de responder a las peticiones de las fuerzas del orden público, y destacó su Cumbre sobre las fuerzas del orden público estadounidenses anual y su informe de transparencia semestral.
“Valoramos nuestras alianzas con las fuerzas del orden público locales, estatales y federales para ayudar a llevar ante la justicia a los delincuentes que abusan de nuestra plataforma”, afirmó un portavoz de Snap. “Actualmente respondemos a aproximadamente el 98 % de las solicitudes judiciales dentro del plazo especificado en la solicitud”.
Meta y Tiktok no respondieron a las peticiones de comentarios de Aspen Journalism y Aspen Public Radio para este reportaje, como tampoco lo hicieron varios de sus grupos de presión en Colorado.
“Ciertamente es mejor que donde nos encontramos ahora”
El SB 86, la más reciente legislación ahora en manos de Polis, pretende aumentar los esfuerzos de transparencia y superar las actuales limitaciones de datos exigiendo a las empresas de medios sociales que presenten un informe anual al gobierno sobre las actividades ilegales realizadas en sus plataformas.
El proyecto de ley también obligaría a estas empresas a publicar políticas claras sobre la actividad delictiva en sus plataformas y a expulsar a los usuarios implicados en actividades ilegales como venta de drogas y armas, y explotación sexual y tráfico de menores. Según la legislación, las empresas de medios sociales tendrían 72 horas tras recibir la notificación de la presunta infracción de sus políticas –o de la ley– por parte de un usuario para investigar la denuncia, y otras 24 horas para expulsar al usuario si determinan que se ha ocurrido una infracción.
Además, el proyecto de ley establece un plazo más estricto para que las plataformas respondan a las órdenes de registro de las fuerzas del orden estatales y exige a las grandes empresas que creen una línea directa con personal para este tipo de investigaciones.
“Se supone que las órdenes de registro de las fuerzas del orden público deben cumplirse, y este proyecto de ley garantizará que las empresas de medios sociales tengan que responder en un plazo de tres días”, dijo Dougherty. “Estas son investigaciones realmente urgentes y mientras se espera a que esas órdenes y registros sean devueltos para que las investigaciones puedan avanzar, más personas resultan heridas y muertas”.
Daniel Shaw, residente en Woody Creek y padre de familia, ha apoyado el proyecto de ley a través de la red de defensa de Blue Rising, y confía en que estas medidas puedan salvar vidas.
“Después de que nuestra hija Bailey muriera envenenada con fentanilo el pasado mes de junio, supimos enseguida que queríamos involucrarnos de algún modo en esta batalla contra el fentanilo y el fácil acceso que tienen los jóvenes a él”, dijo Shaw. “Es imposible saber cuántas vidas salvaría esta legislación o cuánto tardarían estas medidas en consolidarse realmente, pero ciertamente es mejor que donde nos encontramos ahora”.
Shaw y su esposa, Isa Catto, perdieron a su hija poco después de que ella se graduara en la Preparatoria de Aspen y aceptara un trabajo en Broadway, en Nueva York, el año pasado.
“Bailey era un alma extraordinaria y magnética: amaba la música y la magia profesional y era una experta técnica en materia teatral y directora de escena”, dijo Shaw. “Quería celebrar su llegada a Nueva York consintiéndose con algunas drogas, y esas drogas incluían fentanilo... y murió 10 horas después de llegar a la ciudad”.
Aunque los investigadores aún no han podido confirmar dónde compró Bailey las drogas que la mataron, Shaw se enteró más tarde de que anteriormente había adquirido otras drogas a través de medios sociales cuando vivía en casa. Shaw dijo que quiere que se tomen más medidas para regular la venta de drogas en estas plataformas, pero le preocupa que Polis vete la legislación más reciente.
“Quisiera que nos explicara su razonamiento y su perspectiva comparativa entre los derechos de la Primera Enmienda de estas empresas y las personas que publican información y la actividad delictiva y la muerte de personas”, dijo Shaw.
El futuro del proyecto de ley es incierto en medio de preocupaciones por la libertad de expresión, la privacidad y la innovación
En respuesta a la solicitud de una entrevista de Aspen Journalism y Aspen Public Radio, la oficina del gobernador, que atestiguó en contra del proyecto de ley antes de que se aprobara en ambas cámaras, facilitó una declaración por escrito en la que exponía los temores de Polis:
“El gobernador desea proteger la libertad en Internet y, al mismo tiempo, hacer que los habitantes de Colorado estén más seguros, pero tiene serias dudas sobre el impacto de este proyecto de ley en la libertad, la innovación y la privacidad”, afirma Eric Maruyama, portavoz de la oficina del gobernador. “La idea de que el gobierno obligue a las empresas privadas de medios sociales a actuar como fuerzas del orden público le incomoda, y revisará la versión final de la legislación”.
Otros grupos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Colorado, también han atestiguado en contra del proyecto de ley y comparten algunos de los temores de Polis, en particular sobre la disposición que obliga a las empresas de medios sociales a eliminar a los usuarios que infrinjan sus propias políticas de actividad delictiva o la ley, incluso si no han sido condenados por un delito.
“Nuestra mayor preocupación gira en torno a la exigencia en virtud del proyecto de ley de que las plataformas de medios sociales eliminen a los usuarios, y muchas de las leyes que han avanzado en Colorado, y a nivel nacional, intentan hacer esto”, aseveró Anaya Robinson, estratega política de la ACLU de Colorado. “En lugar de establecer normas estrictas en las plataformas, esas regulaciones están interfiriendo y afectando a los usuarios”.
Según Robinson, la ACLU de Colorado apoya la normativa del proyecto de ley centrada en las plataformas, incluida la exigencia de que las empresas de medios sociales se atengan a un plazo estricto para responder a las fuerzas policiales estatales y presenten un informe anual sobre las actividades ilegales.
Aunque las actividades ilegales no están protegidas en virtud de la Constitución de Estados Unidos, Robinson afirmó que su preocupación es que obligar a las empresas de medios sociales a expulsar a determinados usuarios podría violar la Primera Enmienda.
“Incluso si una persona se involucra en una actividad ilegal que no sea expresión protegida en una plataforma de medios sociales, ese caso de expresión no protegida no niega sus derechos de la Primera Enmienda en general”, dijo Robinson. “Todavía no se puede eliminar el futuro de la expresión protegida del acceso de esa persona y su capacidad para participar en esas plataformas”.
Pero la abogada Antonia Merzon, que ha trabajado como asesora política para Blue Rising, no está de acuerdo y afirma que es engañoso sugerir que retirar a un usuario de un sitio de medios sociales le impediría utilizar todas las plataformas.
“Lo que ocurriría es que no podría utilizar esta plataforma de medios sociales en particular”, afirmó Merzon. “Eso no significa que no pueda utilizar ninguna de las otras plataformas de medios sociales que existen”.
Merzon y otros defensores y legisladores detrás del proyecto de ley dijeron que trabajaron duro para incorporar la retroalimentación de Polis y grupos como la ACLU, después de enfrentarse a una oposición similar a un proyecto de ley más amplio que finalmente retiraron el año pasado, y creen que la última legislación se sostendría en los tribunales.
“Hemos analizado, conjuntamente con la Procuraduría General del estado, sus argumentos, así como la jurisprudencia, y llegamos a la conclusión de que no hay nada respecto de la eliminación de un usuario por violar las políticas de una plataforma con una actividad ilegal claramente atroz que constituya una violación de la Primera Enmienda”, afirmó Merzon.
Por su parte, Congdon y Shaw esperan que Polis escuche a las familias que han vivido el impacto de cosas como el fentanilo ilícito.
“Nadie atrapó nunca a la persona que vendió fentanilo a Miles, y no hay nada que impida que esa persona venda fentanilo al hijo de otra persona y este termine muerto”, dijo Congdon. “Y eso está mal”.
Polis recibió la legislación el 14 de abril y tiene hasta el 23 de abril para firmarla o vetarla.
Si este último fuera el caso, los legisladores demócratas y republicanos que patrocinan el proyecto de ley necesitarían una supermayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular su decisión. El proyecto de ley fue aprobado con los votos suficientes para superar ese umbral en la Cámara de Representantes y el Senado.
“He sido periodista toda mi vida, e Isa es una artista y escritora muy creativa, y realmente estamos a favor de la Primera Enmienda, pero también estamos a favor de que los jóvenes conserven su vida”, dijo Shaw. “La oposición ha sido muy eficaz en todo el país, y puede que haga falta que alguien como el gobernador Polis firme este proyecto de ley, o que la asamblea legislativa anule un veto, para ver resultados significativos”.
Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.
