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Hurgando a fondo: La lista de permisos se interpone en el camino de la expansión de la mina de RMI

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Alex Hager
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Aspen Public Radio

Transformar una mina de piedra caliza de menos de 20 acres en una de más de 400 acres no es tarea sencilla.  No solamente se requiere maquinaria costosa y pesada para mover tierra, también implica dinero y persistencia para despejar un largo trayecto de obstáculos regulatorios antes que la expansión sea permitida legalmente. 

Esta es la situación exacta con la que Rocky Mountain Industrials (RMI, pos sus siglas en inglés) se está enfrentando con su cantera de piedra caliza próxima a Glenwood Springs. Desde el comienzo, la expansión propuesta ha generado gran controversia pública, años de estudios medioambientales y en su camino se han interpuesto múltiples exigencias de permisos impidiendo que la expansión se haga realidad. 

Como parte de la serie "Digging Deep: What Does RMI Mean For Glenwood Springs?” (Hurgando a fondo. ¿Qué significa RMI para Glenwood Springs?), la radio pública de Aspen habló con agencias regulatorias y con expertos independientes para tener una idea de lo que depara el futuro. 

“No es un proceso fácil y requiere mucho tiempo”, dijo Russ Means, director del programa de minerales de la división de recuperación, minería y seguridad de Colorado. “También cuesta mucho dinero porque para un proyecto así es necesario que intervengan ingenieros geotécnicos, hidrólogos, abogados y una larga lista de otros consultores y expertos”.

Antes de proceder, Rocky Mountain Industrials necesitará la aprobación de la oficina de administración de tierras (BLM, por sus siglas en inglés) y de un puñado de agencias estatales. Si bien no existe un orden determinado que RMI debe seguir para obtener dichos permisos, el proceso de BLM es el más llamativo.   

La principal herramienta de BLM para escudriñar el proyecto es la declaración de impacto medioambiental (EIS, por sus siglas en inglés). Habrá científicos que analizarán el suelo, la formación rocosa y el agua del área para descubrir si de alguna manera la mina puede dañar el mundo natural y para determinar la manera en que pueden mitigarse dichos impactos.  

Ese proceso es el más intenso de dos tipos posibles de estudio medioambiental, y BLM dice que se llevará a cabo para determinar si se debe conceder a RMI el permiso de expansión.

Si en el EIS se determina que existe un desmedido daño para el medioambiente, las ambiciones de expansión de RMI podrían detenerse de manera definitiva. EIS es un extenso documento que podría superar las 150 páginas y que probablemente demorará “por lo menos un año” en completarse, dijo Maribeth Pecotte, una vocera de BLM. También dijo que los estudios para preparar la declaración EIS podrían comenzar este mismo otoño.   

El producto final combinará los hallazgos de los especialistas científicos que examinan cada elemento del medioambiente que rodea el sitio de la mina. También incluirá notas sobre la importancia de la zona para actividades recreativas y un estudio etnográfico para determinar el valor histórico de la tierra para los pueblos nativos americanos.  

Estos hallazgos también podrían desembocar en la necesidad de obtener permisos de otras agencias federales.  Por ejemplo, el servicio forestal federal o el cuerpo de ingenieros del ejército podrían tener que aprobar el proyecto si se determina que algunas de sus partes caen bajo su autoridad.   

BLM también está llevando a cabo un examen de minerales que podría resultar en dos diferentes tipos de clasificaciones regulatorias.  Una pondría a la mina bajo las normas establecidas en la ley de minería de 1872, mientras que la otra le daría a BLM mayor discrecionalidad para denegar el permiso a RMI o agregaría más reglamentaciones para proceder.    

El público opina 

El proceso EIS está en la mira de quienes se oponen a la mina no solamente debido a sus características generales, sino también porque abre oportunidades para que el público aporte comentarios. Se invita al público a opinar en el proceso de BLM tanto en su período inicial de búsqueda de opiniones como después de haber presentado su primer borrador con hallazgos -- oportunidades únicas para que residentes y activistas participen en el proceso del permiso.     

“Estamos buscando comentarios sustanciales que aporten información nueva que no hemos considerado en el análisis”, dijo Pecotte. “Estamos buscando fallas en la información o cosas que hemos pasado por alto”.

Ella advirtió que el período para comentarios no es un “proceso de votación”, y que la propuesta no sería obstaculizada simplemente debido a la oposición del público.  Sin embargo, podría estar sujeta a un nuevo escrutinio si el público hiciera ver impactos que no fueron considerados en la primera etapa de los estudios medioambientales de la agencia. Pecotte y grupos de activistas alientan a los residentes interesados para que aprovechen esta posibilidad.  

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Credit Alex Hager / Aspen Public Radio
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Aspen Public Radio

Juli Slivka, directora del grupo conservacionista Wilderness Workshop con base en Carbondale, dijo que un período para comentarios del público podría resultar en que la evaluación sea más completa.   

“Si [BLM] determina a través de esta declaración de impacto medioambiental que nuestras tierras públicas pueden sufrir un daño innecesario o irreparable, entonces la agencia tiene autoridad, y diríamos que hasta tiene la obligación, de rechazar la propuesta”, dijo Slivka.

Slivka dijo que tiene renovada confianza en la importancia de ese proceso para escuchar comentarios ahora que la agencia está bajo la guía de un nuevo presidente.  La administración Trump había propuesto un número de reglas para producir un “cortocircuito” en la ley de política medioambiental nacional, que describe en líneas generales la necesidad de un EIS. 

“Aquí, en la administración Biden”, dijo ella, “esperamos ver revisiones medioambientales más consideradas, buenas oportunidades para la participación pública, buen análisis de alternativas, buena consideración y mitigación, y confiamos recibir directrices para rechazar proyectos que tendrán un impacto innecesariamente grande sobre nuestras tierras públicas”.

De hecho, algunos analistas piensan que la interpretación de la administración Trump sobre proceso de permisos fue lo único que podría haber hecho realidad la propuesta de RMI.   

“Creo que es una causa perdida”, dijo Jesse Prentice-Dunn, director del centro para políticas del oeste, un grupo de conservación y defensa con base en Denver.   “Esencialmente, creo que nuestra preocupación durante la administración Trump era que ellos podían haber acelerado parte del proceso de permiso”.

Prentice Dunn describió el enfoque de esa administración como “llamativo en términos de intentar quitar todas esas protecciones y hacer callar al público”. Dijo que bajo la guía del nuevo presidente, la expansión de RMI tiene menos posibilidades de tener éxito.    

“Creo que el proyecto ya no tiene mucho respaldo en términos de méritos y del impacto medioambiental”, dijo Prentice-Dunn. “Pero, aún si fuera una decisión muy ajustada, creo que la administración Biden no la dejaría pasar”.

Dijo que la propuesta se enfrenta con una “ardua batalla” en el frente regulatorio – citando la naturaleza destructiva del proyecto, el volumen que se anticipa de comentarios públicos y el elevado costo que RMI incurrirá si entra en un extenso proceso para solicitar el permiso.

El mismo Brian Fallin, Director General de Rocky Mountain Industrials, reconoció el desafío que representa la duración del proceso para obtener el permiso.  Identificó la “oportunidad del momento” como su mayor preocupación para seguir adelante.  

“Este proceso realmente va de una pieza a otra del rompecabezas”, dijo Fallin, “y queremos estar seguros de poder terminar rápidamente con todas ellas para poder ver el valor de la expansión”.

La radio pública de Aspen habló por teléfono con Fallin en febrero como parte de los reportajes para esta serie y RMI dio por terminada la llamada después de tan sólo 12 minutos.   

Escrutinio local

Aún si la propuesta de RMI lograra obtener la autorización federal que necesita, también tendría que pasar por un proceso separado y riguroso para obtener el permiso del estado.   

El Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado evaluará los impactos sobre el agua y el departamento de parques y vida silvestre de Colorado tendrá en cuenta los impactos sobre plantas y animales.

La División de Recuperación, Minería y Seguridad de Colorado (DRMS, por sus siglas en inglés) se asegurará que el solicitante exponga sus planes para recuperar la tierra cuando terminen los trabajos de minería.   

“Ustedes no lograrán que vuelva a ser exactamente igual a como era antes”, dijo Russ Means que está con el programa de minerales de DRMS. “Tengan en cuenta que la minería es inherentemente dañina, pero tiene que poder recuperarse para algún uso”.

Por si fuera poco, el estado abre la solicitud a su propio período de comentarios públicos, que es separado al de BLM.   

“Algunos de nuestros mejores revisores son personas del público general”, dijo Means.

La expansión propuesta también podría enfrentarse con otro obstáculo legal.  En medio de la creciente oposición de comerciantes, propietarios y residentes locales, el condado Garfield se ha involucrado en la pelea regulatoria.    

Si bien la ciudad de Glenwood Springs y el condado de Garfield carecen de permiso explícito para aprobar o rechazar la propuesta minera, la pasada primavera el condado introdujo nuevas reglas que podrían significar otro impedimento para los planes de RMI y que fueron presentadas bajo la forma de “reglamentaciones 1041”.

Esas reglamentaciones conceden a los gobiernos locales el poder de tomar decisiones de planificación en aspectos que podrían tener impacto en todo el estado, como ser aeropuertos, paradas masivas de circulación, provisiones de agua y rellenos sanitarios. El condado ya tenía las reglamentaciones 1041 para esas cuestiones.  En el mes de mayo agregaron minería, o “áreas de recursos mineros”, otorgándoles autoridad adicional para estudiar en detalle proyectos como canteras.  

Las nuevas reglas no son santo remedio y no le dan al condado la última palabra sobre la solicitud de expansión.  Pero sí permiten que el condado juzgue nuevos proyectos sobre la base del “impacto socioeconómico” y del “impacto medioambiental”. Eso les permitiría poder opinar en temas como contaminación y circulación de camiones.  

El alcance del papel de las reglamentaciones 1041 aún queda por verse, pero agregarán otra capa de trabas al trayecto de expansión de RMI. 

Es probable que los pleitos que surjan en diferentes etapas sumen tiempo y complejidad a dicho trayecto.  Con frecuencia, los proyectos mineros controvertidos terminan empantanados en litigios. Los grupos de defensa, los gobiernos municipales, comerciantes e individuos que sienten que se verán afectados por un determinado desarrollo pueden demandar a las agencias que no han hecho lo suficiente para analizar una solicitud.

La propuesta de RMI ya ha producido un par de demandas, a pesar de que mucho del proceso para el permiso todavía no ha comenzado. En mayo de 2019, RMI demandó al condado de Garfield alegando que el condado había sobrepasado sus límites regulatorios emitiendo infracciones relacionadas con permisos. En marzo de 2020, la alianza de ciudadanos de Glenwood Springs demandó a BLM, alegando que no estaba regulando adecuadamente la mina.   

Gracias a un subsidio para la radio pública de Aspen, la fundación Aspen Skiing Company Environment Foundation hizo posible la serie "Digging Deep: What Does RMI Mean For Glenwood Springs?" (Hurgando a fondo: ¿Qué significa RMI para Glenwood Springs?).

 

You can find an English-language version of this story here.