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Un centro de detención de corta duración y una oficina administrativa gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro comercial al oeste de Glenwood Springs parecen haber retenido a varios detenidos durante más de 12 horas el año pasado, lo que podría suponer una violación de su política interna, así como de los términos de su permiso de uso especial aprobado por la ciudad en 2003, según el análisis de Aspen Journalism de los datos de ICE publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, en colaboración con el Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA.
Las autoridades municipales de Glenwood Springs afirmaron a principios de este mes que la ciudad tiene previsto llevar a cabo su propia investigación y análisis de los datos de ICE tras recibir diversas quejas de los residentes locales en relación con el centro de retención, situado en el Midland Center, en 100 Midland Ave., cerca de la zona comercial de Glenwood Meadows, entre las que se incluye que ICE retuvo a personas durante más tiempo del permitido el año pasado, mientras la administración Trump cumplía su promesa de intensificar la aplicación de la ley de inmigración.
Si la ciudad confirma que el ICE infringió la condición de las 12 horas de su permiso de uso especial, las autoridades indicaron que la comisión de planificación y zonificación de la ciudad probablemente llevará a cabo una audiencia para considerar la revocación del permiso, lo que podría obligar al cierre del centro.
“Todavía estamos tratando de confirmar los datos”, dijo el administrador municipal Steve Boyd. “Pero parece que ha habido varios casos en los que alguien ha permanecido detenido durante más de 12 horas, y si ese es el caso, entonces eso constituiría una violación del permiso de uso especial”.
Esto surge después de que la ciudad inspeccionará recientemente las instalaciones de retención y encontrará otros problemas de cumplimiento de la normativa de construcción, tras que las solicitudes de registros y las quejas de los residentes revelarán que, aunque el permiso de uso especial de ICE y las inspecciones de seguridad se aprobaron hace más de dos décadas, la ciudad nunca expidió un certificado definitivo de ocupación antes de que el inquilino se instalará tras la construcción del Midland Center.
“La inspección identificó varios aspectos que deben resolverse antes de que se pueda expedir un certificado definitivo de ocupación”, declararon funcionarios municipales en un comunicado de prensa el 5 de marzo. “En este momento, la ciudad no tiene pruebas de que el edificio sea inseguro para su ocupación”.
Las instalaciones de retención de ICE más pequeñas y menos conocidas de Colorado y de todo el país, ubicadas en las oficinas locales de la agencia, en edificios federales y en otros lugares, se utilizan normalmente para tramitar y detener a las personas antes de que sean trasladadas a un centro de detención más grande o puestas en libertad. A menudo consisten en pequeñas habitaciones de hormigón sin camas y no están diseñadas para pasar la noche.
Sin embargo, estas instalaciones de detención han sido objeto de un mayor escrutinio durante el último año por su escasa supervisión, en un contexto de aumento de la duración de las detenciones y otras preocupaciones en materia de derechos humanos. Según un reportaje del Colorado Times Recorder del 4 de marzo, la instalación de Glenwood Springs es una de al menos nueve instalaciones de detención a corto plazo de ICE en todo el estado. En el análisis del CTR de los mismos datos de detención de ICE compartidos por el Deportation Data Project, se encontraron múltiples instalaciones en las que las personas permanecían detenidas más de 12 horas.
A nivel nacional, un reportaje de The Guardian del 30 de octubre reveló que ICE ha utilizado al menos 170 centros de retención en todo el país, incluyendo 25 oficinas locales de ICE. Su análisis de los datos de detención de ICE también reveló que la agencia había violado su propia política al retener a personas en estos centros durante más tiempo del permitido.
Hasta el verano pasado, el ICE operaba bajo sus propias Normas Nacionales de Detención de 2025 y las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Rendimiento de 2011 para las salas de retención a corto plazo, las cuales establecen que una persona no puede permanecer detenida en la sala de retención de un centro de ICE durante más de 12 horas. Sin embargo, el 24 de junio, la agencia envió un memorándum interno a los directores de sus oficinas locales en el que se suspendía la norma de las 12 horas y se ampliaba el tiempo máximo de detención en los centros de retención de corta duración a 72 horas, “salvo en circunstancias excepcionales”. Esta exención por circunstancias excepcionales también se incluyó en un documento de política sobre centros de retención de 2024 de la Oficina de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE anterior al memorándum de junio, pero no aparece en la redacción de las Normas Nacionales de Detención de 2025 y 2011.
Una oleada de medidas de control
Un mes antes de que se emitiera la exención de junio, se produjo una oleada de operaciones de control de inmigración en los valles de Roaring Fork y del río Colorado por parte de agentes de ERO de ICE, según un análisis de Aspen Journalism de los datos más recientes publicados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones.
Veinticuatro personas fueron detenidas en mayo en los condados de Garfield y Pitkin, el mayor número de detenciones de ERO de ICE registrado en un solo mes desde enero de 2025 hasta mediados de octubre. (Los datos no abarcan hasta finales de 2025).
Veintiún de esos arrestos tuvieron lugar entre el 19 y el 22 de mayo, periodo durante el cual ocho personas permanecieron detenidas en el centro de retención de Glenwood Springs durante más de 12 horas, siendo la detención más prolongada de una persona de 16 horas.
En total, se registraron 71 detenciones en el centro local de ICE el año pasado durante los primeros nueve meses de mandato de Trump, entre el 20 de enero y el 15 de octubre, en comparación con nueve detenciones (siendo la más larga de unas nueve horas) durante el mismo periodo bajo la administración Biden el año anterior, aunque los datos históricos muestran que 2024 fue un año relativamente bajo en cuanto a detenciones de ICE en la región.
A pesar de las repetidas afirmaciones de la administración Trump de que las agencias federales de inmigración se centran en delincuentes peligrosos, aproximadamente la mitad de las personas detenidas en el centro durante los primeros nueve meses del mandato del presidente el año pasado no tenían condenas penales y solo alrededor del 18 % tenía antecedentes de delitos violentos.
“Las pruebas demuestran que las personas que pasan por este centro no son delincuentes empedernidos, ni lo peor de lo peor, sino en su mayoría personas que han estado viviendo en nuestras comunidades”, afirmó Sally Boughton, una residente local que intervino durante el turno de comentarios públicos en una reunión del concejo municipal el 5 de marzo.
Bajo la administración Biden, durante el mismo periodo en 2024, todas las personas recluidas en el centro tenían antecedentes penales.
Estas cifras de detención no incluyen las detenciones de inmigrantes realizadas por otras agencias federales que colaboran con el ERO de ICE, como Investigaciones de Seguridad Nacional, los Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Respuesta federal
En respuesta a una solicitud de comentarios sobre estos hallazgos, ICE y su organización matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés, no abordaron directamente la preocupación de que la agencia hubiera violado su política anterior de límite de retención de 12 horas y las condiciones de su permiso de uso especial emitido por la ciudad con las detenciones de mayo en cuestión.
En su lugar, un portavoz de ICE afirmó en un correo electrónico del 12 de marzo que la agencia no podía comentar sobre “datos no verificados” porque habían sido publicados por un tercero y no confirmados por DHS ni por ICE.
“El Proyecto de [Datos] sobre Deportaciones creado por la Universidad de California en Berkeley es una organización externa cuya fuente, exactitud, exhaustividad o metodología de los datos el DHS no puede verificar”, afirmó el portavoz.
Según el sitio web del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, el grupo está formado por una docena de académicos y abogados procedentes de las principales universidades y bufetes de abogados de todo el país. El grupo recurre a solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información y a acciones judiciales para recopilar conjuntos de datos “directamente del Gobierno”, y también publica conjuntos de datos “que el gobierno ha publicado de forma proactiva o en respuesta a solicitudes de terceros”.
En el correo electrónico del 12 de marzo, el portavoz de ICE rebatió otras preocupaciones de los residentes locales y las conclusiones publicadas en medios de comunicación estatales y nacionales que alegaban una falta de supervisión y transparencia, así como condiciones inadecuadas en centros de retención más pequeños y oficinas locales como la de Glenwood Springs. El portavoz afirmó que estas instalaciones “cumplen con todas las normas nacionales de detención y son inspeccionadas periódicamente”.
Aunque ICE no respondió a las preguntas de seguimiento sobre su proceso específico de inspección de centros de detención a corto plazo como el de Glenwood Springs, ICE afirma en su sitio web que colabora con DHS para “aplicar un programa sólido de supervisión y cumplimiento a varios niveles” y que “la ERO supervisa las condiciones de detención mediante revisiones diarias de cumplimiento in situ”.
El portavoz también afirmó en el correo electrónico del 12 de marzo que “estas ubicaciones no son "ocultas" ni "sitios secretos", son suboficinas de ICE” donde a algunas personas “se les puede pedir que se registren para citas y donde nuestros agentes se presentan a trabajar, llevan a cabo investigaciones, procesan detenciones y pueden retener temporalmente a los detenidos antes de trasladarlos a un centro de detención”. El portavoz describió estas instalaciones como “similares a una oficina del sheriff o a una suboficina del departamento de policía”.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las oficinas del sheriff y de la policía, el centro de retención y la oficina locales de ICE se encuentran en una sección sin identificar de un edificio comercial. Según a finales de mayo, había un pequeño cartel plastificado, que confirmaba que el lugar era una “Oficina de Inmigración de EE. UU. en Glenwood Springs”, pegado con cinta adhesiva en la puerta, pero desde entonces ha sido retirado.
En la página web de ICE, el inmueble que alberga el centro de retención figura como “oficina local” para los condados de Garfield, Eagle, Pitkin y Lake, pero la página no menciona ningún centro de detención de corta duración en ese lugar y el número de teléfono indicado no cuenta con un servicio de buzón de voz. La página oficial de centros de detención de ICE solo incluye el Centro de Detención por Contrato de Denver en Aurora y no incluye sus centros de retención de corta duración repartidos por todo el estado.
En respuesta a preguntas específicas sobre el permiso de uso especial y el certificado de ocupación de ICE, el portavoz de ICE remitió a “el propietario del inmueble”, así como a la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA, por sus siglas en ingles), que gestiona los arrendamientos comerciales y los inmuebles de las agencias gubernamentales. La GSA supervisó la solicitud de permiso municipal, que, según una carta de confirmación de la ciudad de 2003, fue aprobada para permitir que “6,751 pies cuadrados del edificio comercial Midland Center se utilizaran como oficina, centro de tramitación y centro de detención para la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas”.
“La GSA mantiene su compromiso de colaborar con todas nuestras agencias asociadas”, declaró un portavoz de la GSA en un comunicado del 11 de marzo. “Seguimos centrados en apoyar los objetivos de esta administración proporcionando los mejores lugares de trabajo para que las agencias federales cumplan su misión”.
Aspen Public Radio y Aspen Journalism también enviaron solicitudes de comentarios a los miembros de la familia que, según los registros del impuesto sobre la propiedad y los registros mercantiles estatales, están vinculados a JG Housing Solutions, una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Florida que figura como la actual propietaria de la sección del edificio que ocupa el ICE, junto con un miembro de la Asociación de Propietarios del Midland Center y el grupo Integrated Mountain Property Management, pero no recibieron respuesta antes de la fecha límite de publicación.
Historia del centro de retención
El centro de detención de corta duración y la oficina local de ICE obtuvieron por unanimidad un permiso de uso especial en su ubicación actual en el Midland Center, concedido por la Comisión de Planificación y Zonificación de Glenwood Springs en una audiencia pública celebrada el 27 de mayo de 2003.
La propiedad, situada en 100 Midland Ave., fue clasificada por la ciudad para uso “comercial general” y se había aprobado para un gran desarrollo comercial, conocido como Midland Center, donde organizaciones locales como RFTA y Lift Up tienen ahora sus oficinas. El centro, que abarca dos edificios con al menos una docena de inquilinos, también alberga actualmente negocios como un gimnasio, una oficina de contabilidad fiscal y consultorios médicos y dentales, junto con una oficina de la Administración Federal del Seguro Social que ocupa una gran parte de la planta baja de uno de los edificios.
En un informe elaborado por el personal municipal antes de la reunión de planificación y zonificación celebrada en mayo de 2003, los funcionarios municipales reconocieron que las instalaciones de retención de ICE, el espacio de oficinas y el espacio de garaje propuestos para las suites 110 y 210 del Midland Center requerirían un permiso de uso especial, en parte debido a su uso previsto como centro de detención a corto plazo, lo cual entraba en conflicto con los requisitos de zonificación comercial de la propiedad.
La superficie de la sala de retención es de aproximadamente 438 pies cuadrados, según el informe que cita la documentación de la solicitud, con otras áreas de tramitación y apoyo que suman un total de 2,100 pies cuadrados, además de un espacio de garaje de 1,376 pies cuadrados para los vehículos que se utilizan para el transporte de los detenidos.
“Las salas de retención están diseñadas para retener a los detenidos durante un máximo de 12 horas”, indicaba el informe municipal. “Una vez que se ha tramitado el caso de la persona, se la traslada a otro lugar”.
El fiscal municipal Karl Hanlon, que también presta asesoramiento jurídico a Aspen Public Radio, estuvo presente en la reunión en la que se aprobó el permiso hace más de dos décadas. Según Hanlon, así como según el acta de la reunión de ese día que obra en poder de la ciudad, la comisión de planificación y zonificación no tuvo objeciones importantes a la solicitud de permiso de uso especial de la GSA en nombre de ICE.
Sin embargo, varios miembros de la comisión de planificación municipal preguntaron si las instalaciones requerirían mayores medidas de seguridad o actividades fuera del edificio. El representante de la GSA que solicitó el permiso en nombre de ICE respondió que no habría actividad apreciable fuera de las instalaciones, ya que querían que el edificio se pareciera a los demás de los alrededores. Según el acta de la reunión, el representante también comentó que ICE gestionaba otras instalaciones similares en localidades “donde la gente no sabe lo que son”.
Hanlon también señaló que no hubo comentarios del público en la reunión, a pesar de la importante oposición de la comunidad contra una instalación de detención similar que finalmente fue denegada en Carbondale a principios de esa misma primavera.
“Nadie intervino en la audiencia de Glenwood, pero mucha gente intervino en una audiencia de la junta de ajustes en Carbondale apenas unas semanas antes”, dijo Hanlon.
Según un artículo publicado por The Aspen Times el 8 de mayo de 2003, la Junta de Ajustes de Carbondale revocó la decisión del personal municipal de expedir un permiso de construcción para un “centro de detención” de inmigrantes cerca de la intersección de la autopista 133 y Main Street después de que unos 200 residentes locales se presentaran en la audiencia.
Sin embargo, la agencia federal de inmigración declaró al periódico que no renunciaba a su búsqueda de un espacio donde establecer sus operaciones locales y que probablemente volvería a centrarse en Glenwood Springs como su próxima ubicación potencial.
Según los registros municipales, muchos de los cuales se han hecho públicos recientemente a raíz de solicitudes de acceso a la información presentadas por residentes preocupados, el permiso de uso especial para las instalaciones de ICE en el Midland Center exigía que el emplazamiento se “regir por todas y cada una de las condiciones impuestas por la Comisión de Planificación y Zonificación, así como por todos los demás códigos y ordenanzas municipales aplicables” y que “toda la urbanización se realizara de conformidad con los planos aprobados y la documentación de la solicitud”.
En una carta dirigida a la GSA el 28 de mayo de 2003, la ciudad confirmó la aprobación del permiso, pero estipuló que el solicitante se reuniera con el analista de protección contra incendios de la ciudad para elaborar un plan de evacuación de emergencia y transporte médico, así como para presentar un plan de iluminación exterior que cumpliera con la normativa municipal para su revisión, antes de que se pudiera firmar y expedir oficialmente el permiso de uso especial.
En mayo de 2004, el personal municipal envió una nota informativa al arquitecto de las instalaciones indicando que se habían remitido copias del permiso oficial de uso especial para que la GSA lo firmara definitivamente, aunque aún no se habían presentado los detalles del alumbrado exterior del edificio para su aprobación por parte de la ciudad.
“Estos deben presentarse lo antes posible para no retrasar los permisos de construcción o los certificados de ocupación”, dijo Jill Peterson, urbanista municipal en aquel momento.
Según los registros municipales, finalmente se expidió un certificado de ocupación provisional una vez que se completó la mayor parte de la construcción del edificio, en diciembre de 2004. Pero más de dos décadas después, tras solicitar los residentes preocupados que el ayuntamiento presentara la documentación del certificado de ocupación definitivo, el ayuntamiento anunció en el comunicado de prensa del 5 de marzo que no podía encontrar ningún registro de que se hubiera expedido.
“Parece que se trató de un error administrativo por el que la ciudad no expidió un certificado de ocupación formal”, dijo Hanlon. “Las instalaciones de ICE superaron la inspección final, por lo que no había problemas de seguridad para las personas, pero al edificio aún le quedaban por terminar algunos detalles de pavimentación, jardinería o algo por el estilo”.
Sin embargo, en respuesta a las recientes preocupaciones de la comunidad, los funcionarios municipales llevaron a cabo una nueva inspección de las instalaciones de detención de ICE el 25 de febrero y encontraron varios aspectos que debían resolverse antes de que se pudiera expedir un certificado de ocupación formal. Entre ellos se incluían la sustitución de la iluminación de las salidas de emergencia que no funcionaba en las instalaciones, la actualización de los antiguos rociadores contra incendios de todo el edificio y la entrega a la ciudad de una copia actualizada de los procedimientos de evacuación de emergencia de ICE.
“Hay un memorándum del jefe de bomberos de aquella época en el que constaba que tenía una copia del plan de evacuación y que lo había aprobado en la primavera de 2004. … Esa era una condición para la expedición del permiso de uso especial, pero solicitamos uno actualizado”, dijo Hanlon.
Hanlon y Boyd, el administrador municipal, señalaron que elementos como la iluminación de las salidas de emergencia y los rociadores también habrían tenido que superar la inspección cuando se expidieron el permiso oficial de uso especial y el certificado de ocupación temporal hace más de dos décadas.
"Durante la reciente inspección se identificaron algunos inconvenientes relacionados con la señalización de las salidas, por lo cual actualmente se están implementando las acciones correspondientes. Asimismo, el tema de los rociadores no es una situación que se haya prolongado durante décadas", señaló Boyd. "Los cabezales de los rociadores se encuentran próximos al final de su vida útil, lo que hace necesaria su revisión".
La ciudad afirmó que ahora dispone de su propia copia actualizada del plan de evacuación y que está colaborando con ICE, el arrendador y la Asociación de Propietarios del edificio (POA) para resolver los problemas pendientes antes de que finalice este mes.
“Es un asunto de increíble importancia para la comunidad en torno a lo que se está haciendo allí”, dijo Hanlon. “Sin embargo, la ciudad está obligada a tratar a todo el mundo de la misma manera según la normativa”.
No obstante, la finalización de un certificado oficial de ocupación podría no tener importancia si la ciudad determina que ICE ha incumplido la condición de las 12 horas de su permiso de uso especial.
Los residentes instan a actuar
Los residentes locales y los defensores de los derechos de los inmigrantes llevan desde el año pasado organizando protestas frente a las instalaciones de ICE en Glenwood Springs, han intervenido en las reuniones del Consejo Municipal de en las últimas semanas y, el mes pasado, crearon una página pública de llamada a la acción en la que animaban a sus vecinos a presionar a la ciudad, a la POA del edificio y al propietario de las instalaciones para “desalojar a ICE” del Midland Center.
“Sé que los poderes del consejo municipal son limitados en cuanto a lo que se puede hacer frente al Gobierno federal, pero pueden poner fin a la cooperación de la ciudad con el ICE”, dijo Dawn Dexter, una residente local que intervino durante el turno de comentarios públicos en la reunión del Consejo Municipal del 5 de marzo. Considero que todos tenemos la responsabilidad de tomar medidas para contrarrestar el avance del autoritarismo.
Además de manifestar su preocupación por la operación del centro sin un certificado de ocupación definitivo y la retención de personas por parte de ICE más allá del límite legal, los residentes locales sostienen que el centro de detención no cumple con los códigos de desarrollo ni con las normativas de zonificación vigentes en la ciudad. Dichas normativas fueron modificadas en 2018 para incorporar criterios más estrictos que la municipalidad debe considerar antes de otorgar un permiso de uso especial, tales como la compatibilidad con los usos circundantes, el impacto en la comunidad y la conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Integral de la ciudad para 2023.
En su página de llamamiento público a la acción, los defensores enumeran lo que consideran las principales incompatibilidades del centro de detención de ICE con las normas de zonificación actuales, incluida su ubicación en un centro comercial adyacente a un sendero público, su falta de beneficio económico local y su impacto negativo en la salud y el bienestar de la comunidad.
“Las personas a las que se trata de forma tan inhumana son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, miembros de nuestra comunidad”, afirmó Boughton en la reunión del Ayuntamiento del 5 de marzo. Esta situación representa un reto significativo para nuestra comunidad, y es un aspecto que en gran parte ha pasado desapercibido por el público.
Hanlon, el abogado municipal, señaló que la mayoría de los cambios en las normas de zonificación de la ciudad se produjeron en 2018, cuando se aprobó un nuevo código de desarrollo: el Título 70 del código municipal. Hanlon reconoció que es probable que la autorización del centro de ICE ya no sea compatible con la política municipal vigente en virtud del Título 70 ni con los deseos de la comunidad. Sin embargo, afirmó que eso por sí solo no es motivo suficiente para que la ciudad revoque el permiso de uso especial de la agencia.
“Hoy en día, creo que probablemente no estaría permitido según la zonificación actual”, dijo Hanlon. “Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido muy clara sobre los usos preexistentes que están permitidos, … y, por lo tanto, la ciudad o cualquier otra entidad gubernamental no puede expropiar una propiedad o un derecho de propiedad, salvo en circunstancias muy limitadas, sin una indemnización justa”.
Sin embargo, una violación de las condiciones del permiso de uso especial para las instalaciones de ICE se consideraría una de esas “circunstancias muy limitadas”, según Hanlon.
A pesar de la declaración del portavoz de ICE de que las instalaciones de retención a corto plazo de la agencia “cumplen con todas las normas nacionales de detención y son inspeccionadas regularmente”, los residentes también han expresado su preocupación por el hecho de que las instalaciones de ICE en Glenwood Springs no estén sujetas a inspecciones periódicas de salud y seguridad por parte de la ciudad para garantizar que se respeten los derechos humanos básicos.
Hanlon reconoció que las inspecciones periódicas de la ciudad no se negociaron como condición del permiso de uso especial que se aprobó en 2003.
“Tenemos derecho a inspeccionar los edificios cuando se reciba una denuncia”, dijo Hanlon. “Sin embargo, tal vez habría sido conveniente solicitar una condición similar, y mirando hacia atrás, probablemente tendríamos que haberlo hecho. Dada la situación en 2026 y todo lo que ocurre, cualquier persona sensata seguramente lo habría considerado, ¿no crees?”.
Si la ciudad determina que ICE ha infringido su permiso de uso especial y se celebra una audiencia pública, Hanlon afirmó que la comisión de planificación y zonificación solo podrá considerar si revocar o no el permiso de las instalaciones, en lugar de utilizarlo como una oportunidad para negociar nuevas condiciones del permiso, como inspecciones municipales obligatorias o, por parte de ICE, la ampliación de sus límites de detención.
“En este caso, la GSA es la titular del permiso de uso especial, por lo que se les notificaría que íbamos a celebrar una audiencia y tendrían la oportunidad de aportar lo que quisieran”, dijo Hanlon. “La comisión de planificación examinaría entonces esas pruebas y tomaría una decisión sobre la revocación o no del permiso de uso especial. No estarían en condiciones de modificar ese permiso de uso especial.”
Los legisladores exigen respuestas
El 5 de marzo, un día después de que el Colorado Times Recorder informara de que el ICE había retenido a personas durante más tiempo del permitido en sus centros de retención de corta duración en todo Colorado, 32 legisladores estatales, entre ellos la representante Elizabeth Velasco (demócrata por Glenwood Springs), enviaron una carta a los responsables de ICE y del DHS exigiendo “transparencia inmediata y notificación razonable de las operaciones” para todos sus centros de inmigración y control en el estado.
Su lista de exigencias incluía la confirmación de todos los centros de Colorado en los que ICE detiene a personas, así como los servicios básicos que se prestan en dichos centros, como la alimentación y la atención médica. Sus exigencias también incluían “un seguimiento de la duración de la detención y controles para evitar el confinamiento prolongado más allá de los límites establecidos por la política de la Oficina de Control de la Detención”, así como informes sobre cualquier incidente registrado relacionado con cuestiones como “el uso de la fuerza, las quejas, los registros de emergencias médicas, las lesiones físicas graves y las muertes o casos de muerte inminente” en las instalaciones de ICE.
El 11 de marzo, el congresista Joe Neguse, demócrata por Colorado, intentó llevar a cabo una inspección de supervisión del Congreso en el centro de retención de ICE en Glenwood Springs. En una grabación de video y un comunicado de prensa difundidos tras su intento de visita, Neguse afirmó que trató de “solicitar la entrada por las puertas principales del centro, pero ningún miembro del personal de la agencia se presentó ni respondió por teléfono”.
“Nuestro intento de inspección de hoy en el condado de Garfield ha suscitado muchas más preguntas que respuestas, y tenemos la intención de llegar al fondo del asunto”, dijo Neguse en el video. Somos conscientes de que las acciones crueles e impensables del gobierno de Trump generan consecuencias graves cada día, incluso en comunidades como esta, y continuaremos enfrentándonos a ellas.
Ese mismo día, Neguse y sus compañeros demócratas de la delegación del Congreso de Colorado enviaron una carta al director en funciones de ICE, Todd Lyons, exigiendo que la agencia dejara de “detener a personas durante largos periodos de tiempo en habitaciones pequeñas y confinadas que están pensadas para ser un espacio de retención temporal” y solicitando respuestas a una lista de preguntas sobre las prácticas de detención de ICE antes del 27 de marzo. La oficina de Neguse no confirmó si ICE había respondido directamente a la carta.
Al 17 de marzo, la oficina de Velasco afirmó que los legisladores estatales aún no habían recibido respuesta a su carta del 5 de marzo, pero un portavoz de ICE proporcionó una declaración sobre la carta a KDVR, la cadena de televisión Fox31 de Denver. La declaración contenía gran parte de la misma información que la agencia federal compartió con Aspen Public Radio y Aspen Journalism sobre sus normas de detención e inspecciones periódicas, y sugería que los legisladores preocupados por la transparencia deberían “presentar una solicitud formal” para visitar las instalaciones y oficinas de ICE “de acuerdo con las políticas de ICE”.
En julio, Neguse formó parte de un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de EE. UU. que demandó a la administración Trump por una nueva política del DHS que limita el acceso de los miembros del Congreso a los centros federales de detención de inmigrantes y a determinadas oficinas locales, al exigirles que notifiquen su visita con al menos siete días de antelación con el fin de garantizar la seguridad. En diciembre, un juez federal se puso del lado de los legisladores al considerar que la nueva política probablemente viola la ley federal, bloqueándola temporalmente, pero el ICE apeló la sentencia y el litigio sigue en curso.
Leon Rodríguez, abogado especializado en inmigración con sede en Washington D. C. y exdirector de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., afirmó que este tipo de acciones por parte de los gobiernos estatales y locales están aumentando en todo el país como reacción a la campaña de represión migratoria de la administración Trump.
“No se trata solo de detenciones, sino de un despliegue masivo de agentes de ICE, de encuentros sin orden judicial con personas dedicadas a sus actividades cotidianas”, dijo Rodríguez. “Están sucediendo muchas cosas que están motivando a ciertos gobiernos estatales y locales a buscar diferentes formas de resistirse al ICE; una de ellas es el uso y la ocupación de instalaciones concretas, que es una competencia que corresponde a los gobiernos estatales y locales”.
No está del todo claro cuál sería el impacto de cerrar un centro de ICE de estancia corta como el de Glenwood Springs, y Rodríguez reconoció la posibilidad de que ello pudiera provocar un mayor hacinamiento en centros de detención más grandes o incluso que ICE enviara más agentes externos desde ciudades como Denver, que están menos familiarizados con la comunidad.
“Creo que estas preocupaciones son válidas hasta cierto punto, pero no representan todo el panorama”, dijo Rodríguez. “El ICE tiene la obligación de llevar a cabo sus actividades de forma constitucional. … Las instalaciones no deben estar superpobladas, no deben ser inseguras y deben proporcionar una atención sanitaria adecuada”.
“El hecho de que puedan toparse con un pequeño escollo con el gobierno estatal y local no significa que tengan licencia para detener a personas de manera inconstitucional. … O bien deben regular el número de personas que detienen o… deben encontrar otra forma”, dijo Rodríguez.
Por su parte, la ciudad de Glenwood Springs tiene previsto avanzar con sus propias preguntas para el ICE y su titular del permiso, la GSA, mientras investiga si el ICE infringió las condiciones del permiso de uso especial de la ciudad, lo que podría dar lugar a una audiencia de revocación.
“Les estamos pidiendo que subsanen las deficiencias antes de que termine este mes”, dijo Boyd. “Y si resulta que es necesaria una audiencia, probablemente tendría lugar en la reunión del comité de planificación y zonificación de abril”.
Mientras tanto, es probable que residentes locales como Erin Anderson, que han alzado la voz en recientes reuniones del consejo municipal, sigan presionando a la ciudad para que actúe con rapidez y resuelva las preocupaciones de la comunidad sobre el centro de detención de ICE.
“No creo que a nadie aquí le parezca bien que este sea el legado que dejemos en Glenwood”, dijo Anderson en la reunión de la Comisión de Urbanismo del consejo municipal celebrada el 5 de marzo. “Nunca había visto ni sentido tanto miedo entre las madres y los niños de nuestra comunidad”.
Nota del editor: La Comisión de Planificación y Zonificación de Glenwood Springs llevará a cabo una audiencia el 28 de abril para decidir si revoca el permiso de uso especial de ICE. El propietario del inmueble y la Administración de Servicios Generales de EE. UU., que supervisa el permiso de ICE, tendrán la oportunidad de abordar la presunta infracción durante la audiencia.
La directora de noticias de Aspen Public Radio, Halle Zander, contribuyó con la información para este reportaje.
Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.
