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Julianne Guy presenció por primera vez un parto en casa en una aldea de la Guatemala rural durante su estancia en el Cuerpo de Paz en la década de 1980. Entabló amistad con la partera de la aldea, una mujer indígena maya que hablaba principalmente kaqchikel, quien comenzó a llevar a Guy con ella a las casas de las mujeres que estaban dando a luz. A Guy le sorprendió cómo los partos en la aldea parecían una parte tan natural de la vida cotidiana.
No se parecía en nada a ningún parto del que hubiera oído hablar en los Estados Unidos, donde los partos tenían lugar en salas de hospital estériles bajo luces intensas, supervisados por médicos y enfermeras que a menudo eran desconocidos para la mujer que daba a luz.
De vuelta en los Estados Unidos, Guy se convirtió en partera profesional acreditada, un proceso que implicó tres años de estudios y formación (Guy también tiene una maestría en salud pública). Comenzó a trabajar en la vertiente occidental (Western Slope) de Colorado a principios de la década de 2000, en algunas de las comunidades más rurales y desatendidas del estado.
Aunque las parteras pueden trabajar en entornos hospitalarios como enfermeras especializadas, Guy optó por trabajar con mujeres que eligen dar a luz en casa, lo que se denomina una partera de "acceso directo".
Esto significaba no solo proporcionar bienestar físico y emocional durante el proceso de parto, sino también realizar importantes evaluaciones médicas, como control de los signos vitales de la madre y del recién nacido, manejo de hemorragia posparto, ayuda con lactancia materna y, lo que es más importante, asesorar a las pacientes sobre las pruebas y opciones de detección adecuadas y cuándo acudir al hospital si surgen complicaciones.
Sin embargo, tras más de dos décadas de ejercicio profesional, Guy se unió a un grupo de parteras de acceso directo en una demanda colectiva presentada a principios de mayo contra los organismos estatales que las regulan: la Oficina de Registro de Parteras de Acceso Directo de Colorado y su organismo rector, la División de Profesiones y Ocupaciones (DPO).
Según la demanda, durante años, Guy y otras parteras de acceso directo de Colorado han sido objeto de prejuicios y discriminación por parte de los organismos reguladores.
"Al ejercer por mi cuenta, tenía la sensación de que quizá fuera un caso aislado", afirmó Guy. A través de la demanda, se dio cuenta de que estaba lejos de estar sola.
Un historial de prejuicios
Según los datos obtenidos en una solicitud de CORA presentada por Elephant Circle, una organización de justicia en el parto con sede en Colorado, el número de parteras de acceso directo que recibieron suspensiones sumarias de la DPO duplicó al de médicos y enfermeras. En promedio, las denuncias contra las parteras de acceso directo permanecen abiertas durante 500 días, el doble de tiempo que en otras profesiones reguladas que fueron objeto de consulta, lo que les impide ejercer y, según alega la demanda, les hace sufrir estrés financiero y emocional.
Otra demandante en el juicio, Kalie Caler, es partera de acceso directo acreditada en el condado de Archuleta. Lleva más de cuatro años sin poder ejercer debido a la investigación pendiente de la DPO sobre una denuncia contra su licencia, a pesar de disponer de documentos que desmienten las acusaciones en su contra.
La Oficina de Registro de Parteras de Acceso Directo de Colorado y la División de Profesiones y Ocupaciones (DPO) se negaron a hacer comentarios sobre el litigio.
Indra Lusero, fundadora y directora ejecutiva de Elephant Circle y abogada que representa a Guy y a los demás demandantes en el juicio, afirmó que existe "una larga historia de prejuicios contra las parteras". Lusero señaló que los prejuicios se remontan a la década de 1920, cuando una campaña nacional intentó eliminar por completo la partería, como forma de elevar la obstetricia a la categoría de especialidad médica.
La idea, según Lucero, era imponer una "dignidad patológica" al parto, o la noción de que "el embarazo es una enfermedad y se necesitan médicos para resolverlo".
Esa dinámica se filtró en el marco legal de Colorado. Cuando Guy comenzó a ejercer la partería como aprendiz en 1990 bajo la tutela de Bill Dwelley, un partero en Montrose, la práctica era ilegal en Colorado. Dwelley, técnico de emergencias médicas certificado, operaba de forma clandestina. No fue hasta 1992 cuando el estado finalmente legalizó la partería.
Un valle sin parteras
En las más de dos décadas que Guy ha ejercido la partería en la vertiente occidental, ha recorrido habitualmente unos 8,000 kilómetros al mes. Tras pasar por Norwood y Paonia, Guy se instaló en Carbondale en 2010, donde era la única partera de acceso directo que vivía en el valle de Roaring Fork. En esos 25 años, afirma que nunca se tomó unas vacaciones.
A pesar de la agotadora agenda de trabajo, el trabajo resultaba significativo para Guy. Los estudios muestran que los partos atendidos tanto por parteras enfermeras como por parteras de acceso directo presentan menos complicaciones, pero en EE. UU. solo hay 4 parteras por cada 1,000 nacidos vivos. Otros países de ingresos altos cuentan con entre 30 y 70 parteras, y presentan tasas de mortalidad materna y neonatal más bajas.
Con el tiempo, Guy se dio cuenta de que los reguladores estatales la trataban de forma diferente a otros profesionales médicos, especialmente a la hora de lidiar con pacientes que rechazaban su recomendación de buscar atención médica más avanzada.
"Una enfermera, un médico o un fisioterapeuta pueden indicarle qué hacer, pero no pueden obligarle a hacer nada", afirmó Guy, añadiendo que una enfermera o un médico simplemente anotarían en el historial la decisión de un paciente de no seguir el consejo médico. Pero cuando esas situaciones involucraban a las parteras, se aplicaba un criterio diferente.
"Nos han perseguido por eso en repetidas ocasiones, por no obligar a las clientas a hacer lo que les decíamos", afirmó. Guy se dio cuenta de que los reguladores a menudo parecían insinuar que las parteras no sabían cómo hacer que sus clientas siguieran sus recomendaciones, "por lo tanto, no hicimos lo correcto", dijo Guy.
En un caso, Guy aconsejó a su paciente que acudiera a un pediatra con su recién nacido, que mostraba signos de ictericia y malestar. Recomendó en repetidas ocasiones que su paciente llevara al recién nacido al pediatra, pero esta se negó porque, según dijo, había sufrido traumas previos en el sistema de salud.
Guy documentó la decisión de la clienta y su razonamiento, pero la DPO le suspendió temporalmente la licencia. Durante el transcurso de la investigación, que duró dos años, Guy no pudo trabajar ni atender a las familias que habían estado bajo su cuidado. Gastó más de 20,000 dólares en honorarios legales hasta que le comunicaron que podía renunciar a su licencia, firmar una declaración que constaría en su expediente indicando que había prestado "atención deficiente" o ir a juicio (Guy afirmó que le dijeron que el caso volvería a la DPO y que Zen Mayhugh, el director de la DPO, podría anular cualquier fallo del juez). Guy optó por firmar la declaración.
Guy solía sentirse como si estuviera entre la espada y la pared. "Si nos quedamos para proporcionar estabilidad y cuidados, se nos castiga. Si nos marchamos, los hemos abandonado, lo cual también es ilegal".
El resultado, dijo, es un sistema en el que, de cualquier manera, las comadronas acabarán recibiendo algún tipo de orden judicial del estado.
"Estamos condenadas si lo hacemos y condenadas si no lo hacemos", dijo ella.
El año pasado, Guy se mudó a California para continuar su trabajo como partera. Sabía que se encontraba al final de su carrera y, en sus últimos años, quería sentirse valorada y hacer su trabajo en un estado que respetara la autonomía de las mujeres en cuanto a cómo y dónde deseaban dar a luz.
"Simplemente no quería estar en ese estado de estrés todo el tiempo", afirmó.
La marcha de Guy significa que, en la actualidad, no hay ninguna partera de acceso directo que resida en el valle de Roaring Fork. Las mujeres que deseen contar con una partera para dar a luz en casa deben ir hasta Delta o Grand Junction para recibir toda la atención prenatal si quieren que la partera esté presente durante el parto.
Según Lusero, el abogado que representa a las parteras de Colorado, el proceso judicial podría prolongarse varios años hasta que se resuelva en los tribunales.
Guy espera que la demanda contribuya a que las autoridades reguladoras comprendan mejor qué hacen las parteras de acceso directo y a quiénes atienden (a menudo, familias que desean mantenerse al margen del sistema médico convencional), así como sus objetivos comunes de garantizar la seguridad y salud de las mujeres y sus bebés.
Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte.
